Cumplir las normas de
convivencia ciudadana, ordenanzas, leyes y demás legislaciones debe implicar un
ejercicio ciudadano donde dichas normas estén basadas en el respeto a los demás
y en el desarrollo integral de todos los seres humanos que ejercen ciudadanía
dentro de una sociedad. Pautas tan básicas como no generar contaminación de
cualquier índole en áreas comunes o en la vía pública, puede ser el día a día.
¿Pero que sucede si lo anterior se incumple?
Por incumplir las normas se
ha dificultado la situación en Venezuela porque no ha habido una visión de
política económica coherente desde 1974 hasta el presente, donde la economía
nacional ha ido decreciendo gradualmente. Sin embargo, entre los años 1989 y
1999 se estaban realizando procesos de ajuste graduales para diversificar la
economía, aún habían oportunidades para salir adelante hasta que en el año 2003
se inició el control cambiario más largo de nuestra historia – al momento de
estas líneas 13 años recién cumplidos – el cual ha traído como consecuencia más
dependencia de la renta petrolera y las importaciones de productos que antes se
podían fabricar en Venezuela, había pleno autoabastecimiento. El control
cambiario vigente restringe la libertad económica de los ciudadanos y ha otorgado
una discrecionalidad perversa al Poder Ejecutivo. En términos claros, el
Gobierno Nacional decide cómo los ciudadanos deben gastar el dinero en moneda
extranjera. Adicionalmente, las empresas extranjeras se ven poco motivadas en
invertir en Venezuela porque no pueden tener el justo retorno de sus capitales
invertidos a una tasa cambiaria favorable tanto para el Gobierno como los
inversionistas extranjeros.
Por otro lado, la debilidad
institucional ha sido clave para incrementar la dependencia en la renta
petrolera, en la opacidad en el control parlamentario y del gasto público del
Gobierno Nacional. Durante tres legislaturas de la Asamblea Nacional (AN), desde
agosto del año 2000 hasta enero de 2016, se dejó de lado el control y
fiscalización a la gestión de los gobiernos de turno (1999-2013 y
2013-presente), con lo cual la República ha perdido recursos financieros por
los acuerdos desfavorables hechos con Países del Caribe y con la República
Popular de China.
En esta cuarta legislatura
(2016-2021) de la AN, esta ha retomado sus funciones de control, legislación y
fiscalización dentro de la Administración Pública. Los resultados de este nuevo
Parlamento se verán en el largo plazo, pero dará frutos para la recuperación de
la economía y muchos puedan regresar al País a vivir con tranquilidad junto a
sus afectos. El Poder Legislativo puede y debe cumplir con los venezolanos.
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